MAS NOTICIAS SOBRE EL "CRIMEN SOCIAL" EN ARGENTINA. REPORMA PRO EMPRESARIAL DE LAS ART.
NOTAS ENVIADAS POR NUESTRO MAESTRO CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ
Carlos Anibal Rodriguez, nos envia varias publicaciones sobre este denominado "Crimen Social" que esta ocurriendo en Argentina, al pretender reformar la legislacion de las ART. Aqui la informacion recibida:
PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)
El proyecto de ART -el cual tiene media sanción- que se debate a partir del miércoles 24 en Diputados, está calcado de la ley 24.028 dictada en el ’91. Diversos fallos de la Corte Suprema establecieron, luego, que el trabajador podía apelar a la Justicia laboral después de haber recibido la indemnización de la ART si se consideraba perjudicado. El nuevo proyecto violenta estos fallos, porque establece, en términos excluyentes, una u otra vía.
Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) se registran, en promedio, unos 650.000 infortunios laborales anuales. Otro 35% proviene de accidentes laborales no registrados, lo que llevaría la cifra a 900.000 accidentes anuales. Una parte importante de las acciones judiciales tienen que ver con las llamadas “enfermedades profesionales”; la SRT sólo reconoce el 20% de las realmente existentes según la OIT. Estamos hablando de más de un millón de accidentes anuales para ocho millones de asegurados.
El negocio del seguro de trabajo se ha ido concentrando: de las veintitrés ART que han quedado, diez acaparan el 90% de los asegurados. Se ha producido una absorción de ART en contra del trabajador. La competencia entre las ART es implacable: los descuentos que ofrecen a las empresas para conseguir su adhesión se manifiestan luego en una clara devaluación de las indemnizaciones que ofrecen al trabajador afectado.
El nuevo proyecto obliga al trabajador accidentado o enfermo a optar entre la tarifa pautada por estos grandes pulpos o esperar, impedido de trabajar, el resultado de un juicio largo. Hoy se amontonan centenares de miles de juicios, en tanto las indemnizaciones son inferiores a los montos de los juicios laborales. Se establece un sistema nuevo para el cálculo de las remuneraciones tanto de las ART como de los propios juicios, llamado Ripte, el cual no tiene como base indemnizatoria el salario actualizado -con los aumentos, adicionales y beneficios que se cobraban al momento de producirse el accidente-, sino un índice difuso, trimestral, que sólo contempla las remuneraciones sujetas a los aportes provisionales -en un país donde el pago no remunerativo es generalizado. Se busca que el trabajador desista del juicio.
La burocracia sindical
La “CGT-Balcarce” ha aceptado el nuevo proyecto, pues le ofrece la posibilidad de armar su propia ART. La contradicción es clara: el sindicato debe elegir entre la defensa de los intereses de los accidentados y el interés de la burocracia que maneja la aseguradora. Si un obrero rechaza la indemnización, deberá accionar contra su propio sindicato y enfrentar represalias de la burocracia. Por otro lado, ¿quién controlará las primas de seguro que la burocracia de las ART-Mutuas cobre a las patronales? El proyecto otorga a Gerardo Martínez, por ejemplo, la posibilidad de armar una ART-Mutua en un sindicato que tiene el nivel más alto de accidentes y de muertes laborales en el país, y cuya burocracia se caracteriza por los arreglos con las patronales para que éstas hagan lo que quieran en los lugares de trabajo.
El rechazo a la nueva ley -nacional y popular- de accidentes de trabajo debe ir acompañado por el planteo de la estatización del seguro laboral, bajo un control obrero independiente de la burocracia y la posibilidad de la doble vía -cobrar la indemnización y recurrir a la Justicia.
Reforma pro-empresaria de las ART pone contenta a la Unión Industrial
Emilio Marín (LA ARENA)
Pese a las protestas de buena parte del espectro sindical y de abogados laboralistas, Diputados aprobaba ayer la reforma a los riesgos del Trabajo. La UIA de los grandes empresarios, motor de ese cambio que los favorece.
Interesante comparar la génesis y el perfil de dos leyes contrapuestas, impulsadas por el mismo gobierno: una la de medios y otra la de riesgos del trabajo. La ley de medios, 26522, surgió de una demanda de los sectores pluralistas de la comunicación, en base a los 21 puntos para una radiodifusión democrática, y fue debatida en innumerables foros. Afecta a intereses del monopolio.
La ley de reformas a las ART era votada ayer en Diputados y tenía media sanción del Senado, todo en un trámite exprés, sin debates amplios en la sociedad ni en lo sindical. Cristina Fernández hizo el primer anuncio el 1º de septiembre pasado a los popes de la Unión Industrial, en el día de la Industria y dos semanas después reunió a esos mismos personajes y a sindicalistas de la CGT Balcarce ("Gordos" y otros impresentables), donde dio detalles de la iniciativa, que el 19 de septiembre ya estaba en el Senado. El proyecto, ahora convertido en ley, es bien pro-empresario, con aspectos que lesionan los derechos de la parte trabajadora.
Antes de entrar en las cuestiones que trae aparejada la normativa, hay que decir que no cambia el mal de fondo. Las enfermedades laborales, los accidentes con miles de muertos e incapacitados, etc., vista la pobre performance de las ART desde su creación en 1995, ameritaban un giro copernicano.
Otro camino
Abogados laboralistas, diputados de origen laboral y magistrados del fuero, creen que debió encararse otro camino. Por ejemplo, anularse las ART, las mellizas de las funestas Administradores de Fondos y Jubilaciones Privadas (AFJP) con actuación en lo previsional.
El principio es el mismo: el afán de lucro empresarial donde está en juego el ahorro de un trabajador para su futura jubilación, o el cuidado de su vida y su salud mientras cumple su ciclo como asalariado activo. Las AFJP les cobraban a los empleados una alta comisión a cuenta de un futuro retiro, con pingüe ganancia. Y las ART venden un seguro a los empresarios para que éstos no se hagan cargo directamente de pagar indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.
Este último negocio posibilita a las aseguradoras cobrar una prima o seguro lo más alta posible y en cambio limitar al máximo el número de enfermedades laborales. Y en todo caso pagarlas tarde, poco y en cómodas cuotas, en la llamada "renta", devorada por la inflación.
De avances en prevención de accidentes, poco y nada. Si total la vida de un obrero muerto en su puesto de trabajo está hasta hoy valuado en 180.000 pesos, según tasación del año 2010. Recién ahora será llevado a 383.000, que es uno de los "ganchos" de la reforma polémica. Se debió anular todo el sistema de ART y poner lo relativo al seguro de trabajo en la órbita de la seguridad social.
UIA coherente
El gobierno nacional eliminó las AFJP y pasó los fondos previsionales bajo control de la Anses, y en cambio impulsó la reforma a la ley de ART, preservando estas empresas privadas, incurriendo en una incoherencia.
En cambio la UIA presidida por José Ignacio de Mendiguren, como antes por Juan Carlos Lascurain y Héctor Méndez, ha sido coherente. Siempre defendió el régimen de las ART, hasta imponerlo en 1995 con la ley 24557, que entró en vigencia en julio de 1996 mediante los buenos oficios de Domingo Cavallo y Carlos Menem.
Dicha norma era parte del abaratamiento de costos y la flexibilización laboral del modelo neoliberal, y aquellos empresarios la avalaron porque de paso creaba un nuevo negocio y otra cámara adherida: la UART. En ese momento esta entidad agrupaba a 44 empresas, de las que 10 concentraban el 70 por ciento de los trabajadores cubiertos. Hoy hay 21 empresas y de éstas sólo 7 concentran el 70 por ciento del negocio (CTA, septiembre 2012). Esto evidencia la tendencia a la concentración monopólica en el rubro.
En la UART están pesos pesados como Mapfre, Berkley, La Caja, Galeno, Asociart y otras, que facturan anualmente 12.708 millones de pesos.
Esta cantidad de dinero reafirma la idea, expuesta más arriba, de que la seguridad social del Estado podría brindar perfectamente la cobertura de riesgos del trabajo sin ningún número en rojo para el fisco. Y con la ventaja de un criterio social y humanista en beneficio de los trabajadores que no caracteriza precisamente a esos grupos concentrados privados, varios multinacionales.
Doble vía
Cómo habrá sido de expoliador el régimen menemo-cavallista, continuado por gobiernos posteriores, que a partir de 2004 la Corte Suprema de Justicia comenzó a fallar en casos concretos en contra de un artículo clave de esa ley. Era el que impedía al trabajador accidentado o sus familias ir con una demanda a la justicia para obtener una reparación justa de los daños sufridos.
El alto tribunal autorizó entonces la llamada "doble vía" o "cúmulo", pese a la prohibición de ese artículo, declarado inconstitucional. El accidentado podía percibir la indemnización pagada por la ART pero también ir a Tribunales a solicitar un pago extra.
Esa posibilidad hizo que la UIA y la UART pusieran el grito en el cielo. Desde entonces siempre bloquearon la posibilidad de discutir con los gremios y el ministerio de Trabajo la ampliación de la lista de enfermedades laborales y otros asuntos relacionados con la seguridad y la higiene laboral. Este boicot hizo que en 2009 el ministro Carlos Tomada debiera firmar un decreto para modificar algunos puntos de la cuestionada ley, vía reglamentación.
Entre tanto la situación de injusticia fue morigerada por la Corte, cuyos fallos favorables a la "doble vía" fueron diez, más otros quince de tribunales inferiores. Así se llegó a una crisis que era también signo de "oportunidad" para una reforma positiva, pero en vez de eso el gobierno nacional cedió a la tentación de llegar a un arreglo con la UIA y la UART.
¿Prevención para cuándo?
En el acto del 19 de septiembre, cuando CFK anunció el envío del proyecto al Congreso estaban presentes De Mendiguren y otros popes empresarios, así como Antonio Caló, Gerardo Martínez y otros sindicalistas que avalaron la reforma pese al perjuicio que traerá a muchos de sus afiliados. Martínez es el jefe de la UOCRA, sector que lidera junto con el de los peones rurales el triste récord de siniestralidad y enfermedades laborales.
La presidenta, el ministro de Trabajo y el titular de la UIA aseguran que la nueva ley será fructífera porque terminará con "la industria del juicio". El último nombrado aseguró que el año 2012 terminará con 67.000 juicios en todo el país, aunque lo comprobable es que en 2011 fueron 57.634 (La Voz del Interior, 16/9).
Pero aún así hay que debatir si esos juicios se potencian por apetito de los asalariados y sus abogados, o si la causa de fondo lo determinan las indemnizaciones insuficientes en muchos casos y una lista corta de enfermedades laborales que dejan afuera a muchas otras.
Entre éstas, las lumbalgias, problemas óseos, cáncer, trastornos mentales y estrés.
Los defensores de la flamante ley alegan que las indemnizaciones serán aumentadas dos veces al año y que habrá un 20 por ciento de pago extra en concepto de reparación integral, un punto de vista presente en los pronunciamientos de la CSJN. También se acelerarán, supuestamente los tiempos de cobro, acortándose a sólo 15 días luego de comprobado el accidente.
Derecho vedado
Quienes critican la reforma -el cronista toma partido por esta postura- consideran que no se debió abolir la "doble vía" o "cúmulo", para que el trabajador pueda acudir a la justicia si está disconforme con la indemnización abonada por las ART. La reforma cristinista le veda ese derecho, que la Corte Suprema había autorizado.
Un segundo cuestionamiento es que en caso que el accidentado deseche el pago de la aseguradora y vaya a la justicia, su expediente se tramitará en la justicia civil y no en la laboral. El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, opinó que ese cambio es inconstitucional porque "no quedan dudas de que el juez natural, en casos de accidentes de trabajo, es el juez laboral" (Miradas al Sur, 21/10). También recordó que la justicia laboral es gratuita y la civil no.
La tercera objeción, de fondo, es que la reforma se centró en asuntos indemnizatorios, una vez producido el accidente laboral, y no en los criterios para asegurar una mayor prevención, que los disminuya a un mínimo de muertes e incapacidades.
¿Cuántas son esos fallecimientos? Según la consultora privada IDESA, fundada por Osvaldo Giordano, murieron 543 trabajadores en 2011. Para ATE Buenos Aires, los muertos son 1.400 en accidentes y otros 5.600 por enfermedades laborales. La polémica está servida, pero para aclararla hacen falta las comisiones tripartitas y los delegados de prevención del trabajo que, por ejemplo, planteaba el proyecto de ley del diputado Víctor de Gennaro.
La concesión del gobierno a la UIA, como los créditos del Bicentenario, parten de un supuesto errático: supuestamente alientan la producción en tiempos de crisis.
Marcelo Paredes (ACTA)
Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se trataba el proyecto oficial de reforma de la ley de las ART, miles de trabajadores y trabajadoras se congregaron en la calle para expresar su repudio. Micheli, De Gennaro y Moyano participaron del acto multitudinario.
Miles y miles de trabajadores y trabajadoras se plantaron frente a un Congreso Nacional vallado, para no permitir el abrazo simbólico, y dijeron de todas la maneras posibles: No a la ART.
Innumerables organizaciones sociales, políticas y sindicales de la CTA y CGT llenaron la avenida Entre Ríos casi hasta la avenida Belgrano para repudiar la reforma a la ley de ART que presentaron los legisladores del Frente para la Victoria.
Un proyecto de ley que sorteó el Senado en forma express y en la Cámara de Diputados lo esperaban brazos ansiosos de elevarse para aprobar la iniciativa gubernamental.
Pablo Micheli, abordado por el periodismo, a un costado del camión-escenario aseguró que "la mayoría de los trabajadores están en contra de la reforma. Lamentablemente, los diputados hacen tanta obediencia debida que se olvidan de sus orígenes”.
Similares palabras emitió Hugo Moyano al irrumpir en escena ante un revuelo de periodistas: "Esto es lo mismo que la ley Banelco, es una ley que va en contra de la salud de los trabajadores que es nuestro único capital", refiriéndose a la polémica ley de flexibilización laboral y a la tarjeta de débito con la que se pagarían las coimas según dijo un ministro, hoy ante la justicia .
También apareció en escena el diputado nacional Víctor De Gennaro, quien venía de defender en el recinto el proyecto de ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños. El proyecto de ley nacido y discutido en la CTA y que el fundador de la Central presentó en la Cámara Baja.
“Me da vergüenza ajena lo que significa este guiño a las mutuas, a los sindicalistas o sindicatos que quieren arreglar. Lo único que se logra con este proyecto es tener uno, dos, tres, cuatro, cinco años hasta que se determine la inconstitucionalidad”, manifestó a ACTA al pie del escenario.
“Se mueren cuatro compañeros y compañeras por día en accidentes de trabajo; 16 en enfermedades laborales; 20 muertes por día. Me sorprende y me duele que no se discuta esto”, dijo el legislador de la Unidad Popular (UP).
En su exposición, De Gennaro había rendido homenaje a Luis Benencio, dirigente judicial de la CTA fallecido hace un año, tanto en su apertura como en su cierre. Y lo recordó por su lucha en el Astillero Astarsa para evitar muertes en el trabajo.
El diputado de la Unidad Popular aseguró que el proyecto oficial apunta al “negocio de las ART”, que “van por el camino a los 20 mil millones de pesos en ganancias”. Por el contrario, reivindicó la gestión de los trabajadores en “el control efectivo para que no haya muertes” como aprendió de Benencio.
Finalmente De Gennaro manifestó orgullo porque "aun en esta instancia estamos discutiéndolo y defendiendo la vida de los trabajadores en la calle con esta movilización”.
A continuación comenzó el acto con un escenario desbordante de dirigentes de ambas centrales sindicales y referentes políticos de distintas fuerzas.
Abrió el acto Jorge Yacobwsky, secretario de Salud Laboral de la CTA, uno de los autores del proyecto colectivo y presidente de FESPROSA, la federación de los profesionales de la salud.
Allí Yacobwsky hizo referencia a que tras 10 años de crecimiento, los índices de mortalidad materna, infantil y laboral eran alarmantes. Comparó la vergüenza del proyecto de ley oficial de las ART con la ley Antiterrorista y denunció que la Presidenta había pactado con los bancos, con las aseguradoras y con la UIA. "Y el ministro de Trabajo tiene el descaro de decir que recién el año que viene vamos a empezar a discutir el tema de prevención", fustigó.
"Los que se dicen "nacionales y populares" bajan la cabeza frente a los dueños del poder mientras nosotros estamos en la calle con la unidad en la acción", finalizó el dirigente de la CTA.
Por último, Leonardo Fabre de APOS, uno de los sindicatos de los trabajadores del ANSES, en representación de la CGT comparó la lucha contra las AFJP con la que hay que dar contra las ART y destacó la unidad en la acción.
Mientras tanto, en el recinto de diputados se escuchaban voces que repetían estos conceptos. "Esta ley es un engendro de la UIA", decía Facundo Moyano mientras que Pino Solanas manifestaba que la ley era un vergüenza para el peronismo. “Tiene un claro y absoluto sello neoliberal”, expresó la bancada radical y los peronistas federales hablaron de la desprotección de las victimas.
Según todos los cálculos, al negocio y la muerte lo esperaban manos dispuestas a levantarse en el recinto, antes que termine la jornada. A la solidaridad y la vida, las defendían los trabajadores y trabajadoras en la calle.
Riesgos de trabajo: el Gobierno sigue en deuda con la gente
Por Carlos Aníbal Rodríguez Ministro De Trabajo Y Seguridad Social De Santa Fe (gobernaciOn De Hermes Binner) *
No hay salud sin un buen trabajo. Es así como las condiciones de trabajo pueden ser promotores de salud. Sin embargo, suelen también ser causa de mutilación, enfermedad y muerte.
Argentina sigue confiando el destino de los trabajadores a dos leyes: la 19.587, llamada de Higiene y Seguridad, y la Ley de Riesgos del Trabajo. La primera, producto de una dictadura militar y reglamentada por otra; la segunda, un ejemplo más de la triste herencia del neoliberalismo de los 90.
La ratificación el año pasado del los Convenios de la OIT 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y el 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud de los trabajadores, hacía vislumbrar que
por primera vez la democracia se iba a dar una ley que protegiera la indemnidad de los trabajadores y promoviera su salud . La masa de dictámenes de la Corte Suprema demoliendo la Ley de Riesgos del Trabajo prometía un
remedio justo de fondo, no un placebo.
Esperábamos, por ejemplo, que los trabajadores pudieran defender su salud en primera persona. Recordemos que Argentina es el único país de América latina donde los trabajadores no tienen ese derecho pues no se han instaurado las formas participativas ecuménicas como los delegados y los comités de salud y seguridad en el trabajo.
En Santa Fe lo hicimos y la evaluación tripartita realizada al cabo de 3 años es demostrativa de los
beneficios obtenidos.
No hemos obtenido nada salvo un proyecto de ley que
sólo se preocupa de aspectos económicos (la palabra prevención no figura en el texto) y de tratar de hacer una gambeta a los tratados internacionales y otra al derecho laboral
tratando de eliminar judicialidad y de evitar el fuero laboral.
Lo de las pseudomutuas no representa una novedad pues siempre pudieron constituirse.
Hemos perdido una oportunidad y lo lamento profundamente.
Prevención y reparación son dos caras de una misma moneda. Si la prevención dejara de ser declamada y se hubiesen ofrecido herramientas adecuadas mediante un proyecto de ley serio, seguramente no tendríamos que preocuparnos por la reparación ni por los juicios, tampoco por tratar de explicar a los hijos por qué su padre murió en el mismo lugar donde iba a trabajar.
Hemos perdido una oportunidad y el Gobierno sigue en deuda con los trabajadores.
*Fue también Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo durante la presidencia de Néstor Kirchner.
